Proyecto para aplazar la Ley 21.719 hasta diciembre de 2027

El Gobierno acaba de presentar en el Senado un proyecto de ley para posponer la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos (Ley 21.719). La idea es mover la fecha de inicio, que originalmente estaba para el 1 de diciembre de 2026, al 1 de diciembre de 2027. Pero eso no es todo: también buscan ampliar el Consejo Directivo de la Agencia y ajustar algunas reglas para su primer año de funcionamiento.

A continuación, explicamos de qué trata este proyecto (el Boletín N° 18.623-07) y cuáles son los cambios concretos que propone.

(Nota: Esta información está actualizada al 14 de octubre de 2026 y es netamente informativa, no constituye asesoría legal).

¿Qué propone el boletín?

El proyecto, ingresado por mensaje presidencial a fines de agosto de 2026 (Mensaje N° 110-374), es bastante directo: tiene un solo artículo y un par de disposiciones transitorias. Su misión es modificar la propia Ley 21.719, la cual regula el tratamiento y protección de datos personales en el país y crea la nueva Agencia.

Los cuatro cambios clave

En la práctica, el artículo único del proyecto introduce cuatro modificaciones:

  • Primero, como ya se mencionó, aplaza por un año (al 1 de diciembre de 2027) la entrada en vigencia de las reformas que esta ley hace sobre normativas previas, como las leyes de vida privada (19.628), acceso a la información pública (20.285) y protección a los derechos de los consumidores (19.496).
  • Segundo, hace crecer la mesa del Consejo Directivo de la Agencia, pasando de tres a cinco consejeros. Con esta ampliación, el quórum necesario para sesionar sube de dos a tres miembros. Los consejeros mantendrán su período de seis años sin derecho a reelección, pero se irán renovando de manera parcial cada dos años.
  • Tercero, define cómo se nombrarán a los primeros integrantes de este consejo. El objetivo es que estén designados, a más tardar, un año antes de que la ley comience a regir. El Presidente deberá proponer a todo el equipo en un solo acto (dos consejeros por dos años, dos por cuatro años y uno por seis años para que funcione la rotación) y necesitará la aprobación de dos tercios de los senadores en ejercicio. Además, se establece que tendrán dedicación exclusiva y recibirán sueldo mensual desde el momento en que sean nombrados.
  • Cuarto, ajusta la regla sobre la “amonestación por escrito”. Inicialmente, el texto decía que durante los primeros doce meses de vigencia esta sanción solo se le aplicaría a las empresas de menor tamaño. El nuevo proyecto elimina ese límite, de manera que la agencia podría aplicar la amonestación a cualquier tipo de entidad obligada durante ese primer año.

Reglas transitorias

Para cerrar, el texto suma dos disposiciones de transición. La primera asegura que los gastos del primer año se cubrirán con el presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (y si faltara plata, se sacará del Tesoro Público). La segunda funciona como un “plan B” en caso de que la ley se publique tarde: si al publicarse falta menos de un año para la entrada en vigencia, da un plazo exprés de apenas diez días para nombrar a los primeros consejeros.


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