La conversación empezó con un diagnóstico claro del equipo técnico del cliente: el hardware estaba al límite, la memoria superaba el noventa por ciento de ocupación, y la única salida visible era agregar un servidor. Venían por la cotización.
Pedimos una semana para revisar el diseño antes de cotizar. No el hardware — el diseño.
Lo que encontramos tenía dos lecturas.
La lectura técnica
Casi todas las VMs del entorno tenían memoria asignada por plantilla, no por medición del uso real. Servicios que consumían dos gigabytes tenían ocho reservados porque así se configuró la primera VM y así se siguió configurando todo lo demás. La memoria del entorno no estaba ocupada por las cargas: estaba reservada por la costumbre.
La mitad de las máquinas virtuales eran servicios Linux ligeros — DNS, proxies, monitoreo, aplicaciones de intranet, ambientes de prueba — que podrían correr como contenedores LXC con una fracción de los recursos. Y dos bases de datos competían por el mismo almacenamiento sin ninguna priorización de I/O, que era la causa real de la lentitud que motivaba todo.
Resultado de esa lectura: sin comprar hardware, la ocupación de memoria bajó a un rango cómodo, la lentitud desapareció al separar el almacenamiento de las bases de datos, y la compra del servidor se pospuso más de un año.
La lectura que nadie había hecho
La segunda lectura apareció al mapear qué datos procesaba cada servicio. Había datos de clientes — historial de pedidos, datos de contacto, información de facturación — corriendo en contenedores LXC sin políticas de acceso diferenciadas. Había registros de RRHH con remuneraciones y evaluaciones de desempeño compartiendo entorno con el sistema de inventario. No porque alguien hubiera decidido así: porque nadie había decidido nada. Los servicios crecieron donde había espacio.
Desde diciembre, con la Ley 21.719 en vigor, eso tiene consecuencias concretas. Si la Agencia de Protección de Datos llegara a revisar ese entorno, la pregunta sería: ¿pueden mostrar que los datos de clientes y empleados tenían una protección mayor que el servidor de inventario? La respuesta, en ese estado, era no.
Lo que se recomendó y lo que resultó
La recomendación tuvo dos componentes. El primero resolvió el problema técnico: redistribuir servicios, migrar los candidatos naturales a LXC, separar el almacenamiento. El segundo resolvió el problema de evidencia: documentar qué datos procesa cada servicio, asignar los de mayor sensibilidad a VMs con aislamiento completo, y dejar escrito el criterio.
El costo total fue una fracción del servidor que no se compró. El retorno fue doble: eficiencia operacional y una arquitectura que puede demostrar lo que hace con los datos de sus clientes.
Ese doble retorno es exactamente lo que buscamos en cada diagnóstico de este segundo semestre.
¿Alguien revisó tu entorno virtualizado con estos dos criterios — eficiencia técnica y evidencia de protección de datos?
